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Español: Audiencia: Situación de la institucionalidad democrática en Venezuela (DE OFICIO)

165 Período de Sesiones en Uruguay Martes 24 de octubre de 2017

Las organizaciones participantes cuestionaron la existencia de separación de poderes y su independencia en Venezuela. En ese sentido, consideran que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dejado de operar como el garante de la Constitución, otorgando rango supraconstitucional a normas infra-constitucionales, reglamentos, instrucciones y decretos, con lo cual se ha vulnerado la autonomía del Poder Legislativo. Según las organizaciones, el TSJ ha fallado conforme intereses políticos, socavando las bases fundamentales del Estado de Derecho. Asimismo, manifestaron preocupación sobre las funciones asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual consideran emite actos contradictorios a la Constitución de 1999, aún vigente. Como ejemplo, las organizaciones destacaron la destitución de la Fiscal General de la República realizada por la ANC y no por la Asamblea Nacional, conforme prevé la Constitución. Señalaron, además, que la ANC ratificó a los magistrados del TSJ, función que no le corresponde. Asimismo, recordaron que la convocatoria de la ANC fue en sí misma ilegal e inconstitucional, al no haber sido convocada por el pueblo como el depositario del poder constituyente originario, según las normas constitucionales. Señalaron además que 7 millones 186 mil venezolanos expresaron su rechazo a la ANC en una consulta realizada el 16 de julio de 2017. Sostuvieron que en dicho contexto se violan los derechos a la democracia y la obligación del Estado de promoverla y defenderla. Por su parte el Estado venezolano indicó que desde la Constitución de 1999, el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Asimismo, enfatizó que al poder judicial le corresponde conocer las causas y asuntos de su competencia mediante procedimientos que determinen las leyes y que goza de independencia, autonomía funcional, financiera y administrativa, ejerciendo mecanismos de control de la constitucionalidad como último intérprete de la Constitución. Destacó que de 4.812 juicios en los que participó el Estado, resultó perdedor en 1.114. Sin embargo, admitió que Venezuela enfrenta retos enmarcados en la revisión profunda del Estado que plantea la ANC, como la lucha contra la corrupción, la informatización del poder judicial, la revisión de los procesos para mejorar su efectividad, y la proposición de nuevos procedimientos que favorezcan la resolución de conflictos. Indicó que la convocatoria de la ANC está prevista en la Constitución y tiene el fin de lograr la paz y la concordia en el país. La CIDH valoró la participación del Estado en la audiencia, destacando las audiencias como “vitrinas transparentes, independientes y autónomas”, donde las partes pueden expresar su punto de vista en libertad y con respeto a las otras partes. Asimismo, destacó que ha acompañado con especial interés el proceso de polarización y crisis política en el país. La CIDH reiteró su preocupación sobre la falta de separación de poderes en la institucionalidad democrática de Venezuela. Manifestó, además, sus inquietudes en cuanto al problema estructural de la independencia de jueces y juezas en el país.